Presentaron un proyecto para eximir a los criadores de la obligación de usar la identificación electrónica bovina
Presentaron un proyecto para eximir a los criadores de la obligación de usar la identificación electrónica bovina
El diputado Pablo Juliano presentó un proyecto de ley que apunta a excluir a los productores de cría vacuna del Sistema Nacional de Identificación Electrónica de Animales, el SNIEA, cuya implementación quedó fijada por las resoluciones 530 y 841 de 2025 del Senasa.
La iniciativa del legislador radical plantea la exención para los pequeños productores pero no a aquellos dedicados a la exportación.
En este caso último sí se exige la trazabilidad, es decir historia individual del producto (en este caso cada animal) a lo largo de toda la cadena de producción.
La iniciativa se apoya en la idea central de que la cría es el eslabón que menos provecho obtiene de la trazabilidad individual y, al mismo tiempo, el que más carga económica y operativa soporta con la medida.
El texto legislativo sostiene que la obligatoriedad del sistema “implica costos adicionales, dificultades operativas y tecnológicas que pueden resultar desproporcionados para establecimientos de cría sin salida comercial directa inmediata de sus animales”.
Las Resoluciones del SENASA, vigente desde principios de año, establecen la obligatoriedad del uso de la identificación electrónica para toda la producción ganadera. Entre los fundamentos para solicitar que se cambie el dictamen, Juliano señala cada caravana con chip RFID se ubica entre 1,50 y 1,70 dólares por animal. En un país que identifica entre 14 y 15 millones de terneros por año, la cuenta supera los 25 millones de dólares anuales solo en insumos.
El planteo no desconoce los objetivos sanitarios del organismo, pero insiste en que la tecnología no impacta en los índices productivos ni en el precio de venta del ternero y que, por lo tanto, no genera un retorno que justifique la inversión.
El diputado radical, en su proyecto, remarca que la cría vacuna trabaja con márgenes ajustados, ciclos largos y una exposición permanente al riesgo climático y sanitario, por lo que la incorporación forzada de un insumo adicional termina erosionando la rentabilidad básica de la actividad.
El texto advierte que esta transferencia se realiza “desde los productores hacia un grupo reducido de proveedores”, sin subsidios ni mecanismos de compensación. En uno de los pasajes se afirma que la obligatoriedad “crea un mercado cautivo, sostenido exclusivamente por una norma administrativa, en beneficio de un número reducido de empresas proveedoras de dispositivos electrónicos”.
El legislador señala que la identificación electrónica no surge de una demanda del productor ni responde a una necesidad comprobada en la etapa de cría. Recuerda que la actividad se caracteriza por la baja movilidad de los animales, la permanencia prolongada en el establecimiento y la comercialización diferida, factores que reducen la utilidad de un sistema pensado para operaciones con movimientos frecuentes o para cadenas con mayor vinculación a mercados internacionales. En ese sentido, el proyecto afirma que los objetivos sanitarios básicos ya se cumplen mediante las caravanas visuales y los registros oficiales vigentes, sin necesidad de imponer una tecnología más costosa.
Advierte además que la obligatoriedad crea un mercado cautivo del que resultan beneficiadas un número reducido de empresas proveedoras.
